En una controvertida movida del Ministerio de Cultura, la venta de entradas a Machu Picchu, el tesoro turístico de Cusco, ha sido objeto de polémica. Según las denuncias del gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de GERCETUR Cusco, Saul Caipani Altamirano, el sector entregó esta tarea a una empresa privada sin previa notificación a la comunidad cusqueña.
La empresa en cuestión es Joinnus, una filial del grupo Credicorp. Tras obtener la concesión para la venta de boletos a Machu Picchu, se estima que podría generar ganancias anuales que oscilan entre los 7 y 10 millones de soles. Esta situación ha generado fuertes críticas por parte de la industria turística local, que ha anunciado medidas legales en contra de esta decisión, ya que la venta de entradas dejaría de ser presencial y podría perjudicar a los comerciantes locales.
Caipani Altamirano acusó a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, de falta de transparencia y de estar involucrada en negociaciones con la empresa privada, mientras organizaba reuniones de trabajo en Lima, Cusco y Machupicchu para discutir el tema. "No podemos permitir esta tercerización, que es una afrenta al Cusco. Rechazamos de forma categórica esta actitud de la ministra", declaró, llamando a una reunión multisectorial de autoridades para emitir un comunicado oficial.
El gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía reveló que la ministra de Cultura ordenó la tercerización de la venta de entradas a Machupicchu a través de una orden de servicio por un valor de 36 mil soles a favor de la empresa Joinnus. Además, se añadió una enmienda que establece un cargo del 3.3% en cada uno de los boletos personales, incrementando así las ganancias de la empresa.
"Estamos en proceso de preparar la documentación para rechazar completamente esta acción de la ministra, que no ha sido transparente en sus acciones. No debemos favorecer a una empresa privada en este asunto. Hago un llamado al pueblo de Cusco a unirse y no permitir este propósito", enfatizó Caipani Altamirano.
Por último, subrayó que Cusco no permitirá que decisiones que afecten su patrimonio cultural sean tomadas desde Lima. "La ministra nunca informó que ya tenía negociaciones con una empresa privada", concluyó.
